El Presidente afirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos para reforzar el reclamo de soberanía argentina sobre las islas. También anticipó medidas contra empresas que exploten recursos hidrocarburíferos en la zona y confirmó más fondos para Defensa.
El presidente Javier Milei volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro de la agenda nacional. Durante una cadena nacional, acompañado por todo su Gabinete, anunció una serie de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino de soberanía y frenar la explotación de recursos naturales en las aguas próximas al archipiélago.
Entre los anuncios más importantes, confirmó el envío al Congreso de un paquete de proyectos, anticipó sanciones más severas para las empresas vinculadas con la explotación petrolera en la zona y anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo el mandatario al comienzo de su mensaje.
Milei planteó que la Argentina debe utilizar todas las herramientas disponibles para defender sus intereses. En ese sentido, mencionó mecanismos diplomáticos, económicos, judiciales y legales, además de una mayor coordinación entre los organismos del Estado.
Más controles y sanciones para las petroleras
Uno de los principales ejes del anuncio estuvo relacionado con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno considera que el desarrollo del yacimiento constituye un avance sobre recursos que la Argentina reclama como propios. Milei advirtió que, si no se toman medidas, las empresas involucradas podrían avanzar en los próximos meses hacia la explotación de las reservas de petróleo.
El proyecto está liderado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Ambas compañías comunicaron a fines de 2025 la decisión de inversión para desarrollar la primera etapa del yacimiento.
Según las estimaciones difundidas sobre el proyecto, la primera fase contempla una inversión total cercana a los USD 1.800 millones, una producción proyectada de alrededor de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción hacia 2028.
Frente a este escenario, Milei anunció que buscará ampliar las herramientas legales para sancionar no solo a las compañías que realicen directamente actividades hidrocarburíferas, sino también a aquellas que les presten servicios.
“La Argentina necesita mejorar las herramientas que tiene actualmente, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance”, sostuvo.
Qué medidas prepara el Gobierno
El Ejecutivo anticipó modificaciones a la legislación vigente y un nuevo esquema de coordinación entre organismos públicos.
Uno de los objetivos será que las dependencias estatales informen a la Cancillería cuando detecten posibles incumplimientos vinculados con actividades hidrocarburíferas en áreas bajo disputa de soberanía.
También se buscará establecer procedimientos más rápidos y coordinados para aplicar sanciones.
Otro de los cambios estará relacionado con las declaraciones juradas exigidas en trámites vinculados con hidrocarburos y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La intención oficial es evitar que empresas involucradas en explotaciones que el Gobierno considera ilegales puedan acceder a determinados beneficios o autorizaciones.
Milei también planteó modificar la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas de la plataforma continental argentina.
Un Consejo de Seguridad Nacional y más protección estratégica
El paquete que será enviado al Congreso también contempla un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa propone crear un Consejo de Seguridad Nacional destinado a coordinar las políticas de seguridad y defensa entre distintas áreas del Estado.
Además, incluirá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco específico para reforzar la protección aeroespacial y marítima.
Según explicó Milei, la intención es que Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía trabajen de manera coordinada frente a amenazas que puedan afectar los intereses estratégicos del país.
“Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, afirmó.
La nueva Base Naval Integrada en Ushuaia
Otro de los anuncios centrales fue la construcción de una Base Naval Integrada en el Puerto Oriental de Ushuaia, en Tierra del Fuego.
La obra apunta a fortalecer las capacidades argentinas de vigilancia, comunicaciones y presencia en el Atlántico Sur.
Milei destacó que la ubicación permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico estratégico de la región y reforzar su proyección geopolítica.
La zona también alberga al Comando del Área Naval Austral, por lo que el proyecto busca potenciar las capacidades existentes y consolidar la presencia argentina en el extremo sur.
“Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”, sostuvo el Presidente.
En esa línea, remarcó que el objetivo de su Gobierno es recuperar la capacidad estratégica del Estado, fortalecer a las Fuerzas Armadas y avanzar hacia una política de seguridad nacional de largo plazo.
El conflicto por el petróleo de Sea Lion
El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a unos 240 kilómetros de Puerto Argentino.
El yacimiento fue descubierto por Rockhopper en 2010. Actualmente, la compañía británica controla el 35% del proyecto, mientras que Navitas Petroleum posee el 65% restante.
Después de varios años de exploración, ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 la inversión para avanzar con la primera fase de desarrollo.
Navitas informó una inversión de USD 1.170 millones para esa etapa. Posteriormente, trascendió que el desembolso total previsto para la primera fase rondaría los USD 1.800 millones.
Las proyecciones apuntan a una producción de unos 50.000 barriles diarios y al inicio de las operaciones en 2028. Las estimaciones difundidas sobre las reservas recuperables rondan los 819 millones de barriles.
La Cancillería argentina rechazó el proyecto y sostuvo que las empresas no cuentan con autorización de las autoridades argentinas para desarrollar esas actividades. El Gobierno considera que se trata de una explotación unilateral de recursos naturales en una zona alcanzada por la disputa de soberanía.
Además, recordó que Rockhopper fue sancionada en Argentina y declarada clandestina e inhabilitada para operar durante 20 años mediante una resolución de 2012. Navitas, por su parte, recibió una sanción similar en 2022 por actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Cómo volvió Malvinas al centro de la agenda
La cuestión Malvinas volvió a ganar protagonismo internacional el 31 de agosto, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera consultado sobre una eventual modificación de la posición de Washington frente a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
Trump respondió que su administración revisa sus posiciones y que esa era “solo una de muchas”, en un contexto marcado también por las presiones estadounidenses sobre Londres para aumentar su inversión en defensa dentro de la OTAN.
Las declaraciones generaron una reacción inmediata del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su posición sobre la soberanía del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.
En paralelo, avanzó el desarrollo del proyecto Sea Lion, lo que volvió a colocar la explotación de hidrocarburos
