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La Legislatura mantuvo la urgencia del proyecto de financiamiento educativo

Por ocho votos contra siete, la Cámara rechazó quitarle el trámite especial a la iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Melella. El proyecto crea un fondo específico para Educación, incorpora nuevas fuentes de recursos y establece que al menos la mitad deberá destinarse a salarios docentes.

La Legislatura de Tierra del Fuego decidió mantener el trámite de urgencia para el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo enviado por el gobernador Gustavo Melella. La votación, realizada este jueves, terminó con ocho votos a favor de conservar el mecanismo y siete por retirarlo, por lo que el expediente continuará bajo el procedimiento previsto para las iniciativas remitidas con carácter urgente.

La decisión no implica que el proyecto haya sido aprobado. Lo que resolvió la Cámara fue rechazar la moción que buscaba dejar sin efecto la urgencia y devolver el asunto al tratamiento legislativo ordinario. De esta manera, continúa vigente el plazo establecido por la Constitución provincial para este tipo de iniciativas.

El Ejecutivo presentó el Asunto 519/26 invocando el artículo 111 de la Constitución de Tierra del Fuego. Esa disposición establece un régimen especial para los proyectos enviados con carácter de urgencia y contempla que, si dentro del período correspondiente la Legislatura no los rechaza de manera expresa, la iniciativa puede quedar aprobada por el transcurso del plazo constitucional.

Con la votación de este jueves, el oficialismo logró conservar esa herramienta y evitar que el proyecto ingresara al circuito legislativo habitual.

La definición se produjo por una diferencia mínima. Juan Carlos Pino, María Victoria Vuoto, Tomás García, Federico Greve, Myriam Martínez, Federico Sciurano, Raúl von der Thusen y Gisela Dos Santos votaron por mantener la urgencia. En tanto, Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula se pronunciaron a favor de eliminarla.

El proyecto propone la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo destinado a generar recursos específicos para el sistema educativo provincial. Entre sus objetivos figura el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno fueguino con el sector docente luego del conflicto que atravesó buena parte de 2026.

La iniciativa establece que como mínimo el 50% de los fondos que se obtengan deberá utilizarse para fortalecer los salarios docentes. A su vez, contempla que al menos un 25% sea destinado al mantenimiento, los servicios y las obras de infraestructura de los establecimientos educativos, mientras que otro 15% deberá orientarse a equipamiento tecnológico y herramientas didácticas.

El principal eje de discusión alrededor de la iniciativa está vinculado con el origen de los recursos que alimentarían el nuevo fondo. El texto incorpora distintas fuentes de financiamiento que implican modificaciones sobre determinados tributos y actividades económicas.

Entre ellas, se contempla una alícuota adicional del 3% en Ingresos Brutos para las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego y una imposición específica sobre la distribución de gas natural, actividad que actualmente cuenta con una tasa del 0% y que pasaría a tributar bajo el esquema propuesto.

El proyecto también plantea asignar al fondo el 0,5% de la recaudación provincial correspondiente a Ingresos Brutos. Esos recursos quedarían por fuera del mecanismo general de distribución a los municipios. A esto se suman porcentajes que podrían surgir de eventuales modificaciones tributarias sobre determinadas actividades económicas y del Impuesto Inmobiliario.

De esta manera, el debate legislativo no se limita al destino de los fondos para Educación, sino que también alcanza al esquema mediante el cual el Ejecutivo pretende obtenerlos y al impacto que las nuevas cargas podrían generar sobre distintos sectores de la economía provincial.

La resolución adoptada este jueves permite al Gobierno provincial sostener el mecanismo de urgencia solicitado para el proyecto y mantiene vigente el plazo constitucional. La iniciativa, sin embargo, todavía no cuenta con una aprobación legislativa expresa y continúa siendo objeto de discusión dentro de la Cámara.

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