La nueva normativa reemplaza el régimen vigente desde 1980 y establece un sistema especial de penas, medidas alternativas, seguimiento y resocialización para jóvenes de entre 14 y 18 años.
Desde este 5 de septiembre comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser imputado por un delito previsto en el Código Penal.
La reforma reemplaza el esquema vigente desde 1980 y establece un sistema específico para adolescentes, con sanciones orientadas no solo a la responsabilidad por el delito cometido, sino también a la educación, resocialización e integración social.
Los principales cambios
- Edad de imputabilidad: podrán ser imputados los adolescentes desde los 14 años.
- Penas: se prohíben la prisión y reclusión perpetua. La pena privativa de libertad tendrá un máximo de 15 años.
- Libertad condicional: podrá solicitarse luego de cumplir dos tercios de la condena, siempre que se reúnan los requisitos establecidos.
- Medidas alternativas: se contemplan restricciones de acercamiento, reparación del daño, reglas de conducta y actividades educativas o comunitarias.
- Monitoreo electrónico: se incorpora como herramienta para controlar el cumplimiento de determinadas medidas.
- Lugares de alojamiento: los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en instituciones especializadas, con personal capacitado y separados de personas adultas. También se contempla el arresto domiciliario en determinados casos.
- Protección de identidad: continuará prohibida la difusión de datos, imágenes o información que permita identificar al adolescente imputado.
- Víctimas: tendrán mayor participación en el proceso y podrán recibir información sobre el avance de las causas.
- Responsabilidad de los padres: la norma establece responsabilidad civil de los progenitores por los daños derivados de los hechos atribuidos a sus hijos.
La entrada en vigencia no significa que todos los adolescentes imputados terminen privados de su libertad. El nuevo régimen contempla diferentes respuestas según la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso.
Uno de los principales desafíos será ahora la implementación. Juzgados y organismos judiciales deberán afrontar un posible incremento de causas, mientras persisten dudas sobre la disponibilidad de infraestructura, personal especializado, dispositivos electrónicos y mecanismos de seguimiento.
Para poner en marcha el nuevo sistema, el Congreso asignó una partida de $23.739 millones. Las provincias, por su parte, deberán adecuar sus mecanismos procesales y coordinar con la Justicia nacional la aplicación del nuevo régimen.
Así, desde hoy comienza una nueva etapa en la Justicia Penal Juvenil argentina, con un sistema que amplía la posibilidad de imputar a adolescentes desde los 14 años, pero mantiene un régimen diferenciado respecto de los adultos y con prioridad en la resocialización.
