El Municipio de Río Grande solicitó intervenir en la causa judicial que cuestiona la actividad hidrocarburífera proyectada en el Atlántico Sur. La presentación alcanza a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y plantea la necesidad de preservar los recursos naturales, el ambiente y los intereses argentinos vinculados a Malvinas.
El Municipio de Río Grande decidió llevar al ámbito judicial su posición frente al proyecto de explotación petrolera Sea Lion y presentó un pedido para participar formalmente en la causa que involucra a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La presentación fue realizada por la Asesoría Letrada municipal ante el Juzgado Federal de Río Grande y se incorporó al expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La acción judicial plantea cuestionamientos vinculados tanto con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur como con los eventuales efectos ambientales que podría generar la actividad hidrocarburífera.
Desde el Municipio señalaron que la decisión responde a la necesidad de asumir un rol activo en la defensa de los recursos estratégicos y del ambiente de la región. El intendente Martín Perez sostuvo que Río Grande, por su condición de ciudad costera, no puede permanecer al margen de una discusión que involucra directamente al Atlántico Sur.
La estrategia judicial del Municipio
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, destacó que la presentación se fundamenta en las competencias municipales relacionadas con la protección ambiental y en la condición de Río Grande como ciudad ubicada sobre la costa atlántica.
El funcionario también remarcó la importancia de que el Juzgado Federal de Río Grande haya asumido competencia en el expediente y vinculó esa jurisdicción con la defensa de los intereses argentinos sobre el territorio y los recursos de la región.
Por su parte, el asesor Legal y Técnico del Municipio, Sebastián Tessei, explicó que el expediente tiene como eje una acción preventiva frente a un posible daño ambiental.
Según detalló, el planteo alcanza a las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion y contempla la aplicación de la legislación argentina en materia ambiental, incluyendo normas relacionadas con la protección de los ecosistemas y el manejo de residuos peligrosos.
La presentación también solicita una medida cautelar que impida avanzar con determinadas actividades hidrocarburíferas mientras la Justicia analiza la cuestión de fondo.
Ahora, el Juzgado Federal deberá definir bajo qué modalidad y con qué alcance el Municipio de Río Grande podrá intervenir formalmente en el proceso.
Preocupación por el impacto ambiental
La licenciada en Ciencias Ambientales Gabriela Lucero también participó de la exposición y puso el foco en los posibles efectos de una explotación petrolera sobre los ecosistemas del Atlántico Sur.
La especialista advirtió que una eventual actividad hidrocarburífera podría generar riesgos importantes para la biodiversidad marina y sostuvo que los ecosistemas de la zona deben ser considerados como un sistema interconectado.
En ese sentido, señaló que los impactos ambientales no necesariamente quedarían limitados al área específica donde se desarrolle la explotación, sino que podrían alcanzar otros sectores vinculados con los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros.
Contactos con otros municipios
En paralelo a la presentación judicial, el Municipio de Río Grande comenzó a establecer contactos con otras ciudades de la costa atlántica para poner en común información y evaluar posibles acciones institucionales conjuntas.
La intención es ampliar el acompañamiento a la causa y generar una posición coordinada frente a los posibles efectos ambientales y económicos de la explotación hidrocarburífera proyectada.
De esta manera, el Ejecutivo municipal busca trasladar al ámbito judicial su postura sobre la defensa de Malvinas y sumar a esa agenda la protección de los recursos naturales y del ambiente del Atlántico Sur.
