La disputa por la explotación petrolera en el Atlántico Sur llegará a una instancia clave los días 10 y 11 de noviembre. Argentina busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las islas.
La controversia por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas tendrá un nuevo capítulo en noviembre, cuando el Tribunal Internacional del Derecho del Mar analice el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para intentar frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.
Según información publicada el 21 de octubre, las audiencias públicas fueron fijadas para los días 10 y 11 de noviembre. La presentación argentina busca impedir que continúen las actividades vinculadas con la explotación de petróleo mientras se tramita el arbitraje internacional por la disputa marítima.
El reclamo argentino por el petróleo
El Gobierno nacional presentó el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre, ante el avance de las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
La solicitud se enmarca en un procedimiento arbitral iniciado por la Argentina el 28 de septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Entre los argumentos expuestos se encuentran la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y la necesidad de prevenir posibles daños ambientales derivados de la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
Qué pasa con el proyecto Sea Lion
El emprendimiento es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y prevé desarrollar la extracción de hidrocarburos en aguas ubicadas al norte de las Islas Malvinas.
En paralelo, en septiembre la Justicia Federal de Río Grande había dictado una medida cautelar que ordenó a las empresas abstenerse de avanzar con distintas obras vinculadas con el proyecto, hasta que se cumplan las condiciones ambientales establecidas en la resolución judicial o el juzgado disponga otra cosa.
La controversia también involucra al Reino Unido, que sostiene la validez de las licencias otorgadas por las autoridades isleñas y rechaza la jurisdicción argentina sobre esas actividades.
Una instancia clave para el Atlántico Sur
Las audiencias de noviembre serán un nuevo paso en una disputa que combina soberanía, explotación de recursos naturales y protección ambiental.
La decisión sobre las medidas provisionales podría tener implicancias para el desarrollo del proyecto petrolero y para la estrategia jurídica argentina en el Atlántico Sur. Sin embargo, no resolverá por sí sola la controversia de fondo sobre la soberanía de las islas.



