La Secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, explicó el alcance de la intervención de la Provincia en las operaciones de despacho de crudo que se realizan desde la terminal marítima Río Cullen, luego de conocerse que el buque que posteriormente operó en el Puerto de Ushuaia enarbolaba bandera del Reino Unido.
El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, aclaró el alcance de los controles provinciales que se realizan en la terminal de Río Cullen durante las operaciones de exportación de petróleo crudo y anunció que analiza nuevas medidas para reforzar la protección de los recursos hidrocarburíferos de la provincia.
La carga del crudo se realiza mediante una monoboya ubicada en el mar, en inmediaciones de la costa y dentro del área hidrocarburífera concesionada. Desde tierra, personal de la Secretaría de Hidrocarburos interviene en la medición de los tanques de almacenamiento y en la liquidación de los volúmenes que serán exportados, tareas vinculadas específicamente con la fiscalización de los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego.
La secretaria de Hidrocarburos, Balderramas, explicó que la intervención provincial está relacionada con la certificación del origen del crudo y no con el control marítimo de las embarcaciones.
“En la terminal de Río Cullen, nuestra intervención está vinculada a la certificación en origen de los volúmenes de crudo que se exportan. Participamos de la medición de los tanques de almacenamiento y de la liquidación de los volúmenes que efectivamente se van a exportar, para certificar el origen de la mercadería. No intervenimos en la autorización de navegación ni en la documentación propia del buque”.
Antes de cada despacho, las empresas deben presentar ante la Secretaría la autorización otorgada por el Gobierno nacional para realizar la exportación, junto con una declaración jurada en la que se detallan el área y la empresa productora, el volumen y la calidad del crudo, la compañía compradora y el destino de la mercadería. Con esa información se emite el certificado de origen provisorio.
Durante la carga de los buques, los fiscalizadores provinciales realizan el seguimiento desde tierra y constatan los volúmenes de crudo que son efectivamente transferidos a las embarcaciones.
“Nuestros fiscalizadores participan de las maniobras de carga de buques desde tierra, constatando los volúmenes exportados. Las tareas que realizan no implican subir a los buques tanque ni participar de las operaciones propias de navegación o del control marítimo de las embarcaciones”, precisó la funcionaria.
Una vez concluida la operación, las empresas presentan la documentación correspondiente al cargamento ante los organismos nacionales competentes y posteriormente ante la Secretaría de Hidrocarburos, con el objetivo de completar la certificación definitiva del origen del volumen de crudo despachado.
La bandera y el control de los buques
En relación con la bandera y la procedencia de las embarcaciones, Balderramas señaló que la Secretaría de Hidrocarburos no tiene acceso a la información vinculada con el registro, la bandera o la documentación marítima de los buques, dado que esos aspectos corresponden a las competencias de organismos nacionales encargados del control de la navegación en aguas argentinas.
“Es fundamental aclarar que la Provincia realiza controles con respecto a los hidrocarburos producidos en Tierra del Fuego, mientras que a otros organismos nacionales les corresponde el control de las embarcaciones y la navegación en aguas argentinas”, remarcó.
Analizan nuevas medidas
A partir de los hechos recientemente conocidos, el Ministerio de Energía inició un análisis destinado a reforzar los mecanismos provinciales de protección de los recursos hidrocarburíferos.
En ese marco, se evalúa establecer criterios específicos para las operaciones, servicios e infraestructura vinculados con la actividad hidrocarburífera y con embarcaciones que operen bajo pabellón del Reino Unido o de sus territorios dependientes.
Desde el Gobierno provincial indicaron que los alcances de las nuevas disposiciones y las medidas concretas serán comunicados una vez finalizado el análisis jurídico y administrativo correspondiente.
